Casi 5.000 extremeños/as dadas de alta como cuidadores/as no profesionales de familiares dependientes, mujeres la mayor parte, perderán sus cotizaciones a la Seguridad Social. Con los cambios introducidos en la Ley de Dependencia, el Gobierno central dejará de pagar por estas personas a partir de otoño y al tiempo, verán recortada hasta un 15% la asignación mensual que vienen recibiendo, de unos 400 euros mensuales de media. "Ahora pasarán a un régimen transitorio pero con el tiempo la figura del cuidador/a desaparecerá en favor de las residencias y los centros de día", explica Alfonso Cortés, gerente de Cermi Extremadura, que asegura que el Ejecutivo ya está apremiando a las comunidades a optar por estas vías a la hora de asignar la prestación a los nuevos beneficiarios/as.
La atención de un cuidador/a no profesional es la prestación que tienen asignada la mayor parte de las personas dependientes de la región seguida de una ayuda económica vinculada a otro servicio, lo que significa que Extremadura tendrá que hacer un esfuerzo mayor que otras autonomías para ajustarse a los cambios. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, son 4.733 las personas extremeñas dadas de alta como cuidadores/as no profesionales y adscritos/as al convenio oficial. Al Estado le suponen un coste de entre 68 y 120 euros al mes, dependiendo del grado de dependencia de la persona a la que asisten. En todo el país, han supuesto un gasto de 1.047 millones a las arcas públicas desde el 2007.
Hace algún tiempo ya que se venía hablando de revisar en profundidad esta cuestión porque el Gobierno considera que entregar la prestación a una tercera persona y no al beneficiario/a no se ajusta al espíritu de la ley y ahora los cambios se han regulado a través del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. El texto es claro: "resulta determinante dar un nuevo tratamiento al sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia", que se recoge en la disposición adicional octava. Esta establece que "las cotizaciones a la Seguridad Social por el convenio especial serán a cargo exclusivamente del suscriptor/a del mismo".
De momento, los/as afectados/as pasarán a un régimen transitorio mientras se estudian alternativas para las personas que ya cotizan, pero lo que sí es seguro es que a partir del año 2013 tendrán que sufragarse la tributación ellos/as mismos/as si quieren seguir dados/as de alta. Así, los cuidadores/as que comuniquen antes del próximo uno de noviembre su deseo de mantenerse el convenio, verán reducida la cantidad a abonar en un 10%, a la par que la Administración General del Estado costeará otro 5%, por lo que la cuota restante --del 85%-- correrá por cuenta del cuidador/a. En lo que sí repara textualmente el real decreto ley es que a partir del 1 de enero de 2013, el convenio especial será a cargo exclusivamente del cuidador/a.
Según explica el gerente de Cermi Extremadura, Alfonso Cortés, uno de los objetivos que persigue el Gobierno con el cambio de la ley es la eliminación de esta figura en favor de los centros de día o las residencias. Asegura que ya está apremiando a las comunidades a optar por estas fórmulas, especialmente con los usuarios/as que se han incorporado en los últimos meses. De hecho, en el real decreto se especifica claramente que "la prestación económica se reconocerá únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y la capacidad económica del beneficiario".
En este sentido, Extremadura lo tendrá un poco más difícil para adaptarse a los cambios que el resto de comunidades ya que aquí la mayor parte de las prestaciones que se han asignado han sido ayudas económicas mensuales o precisamente, el derecho a disfrutar de un cuidador/a no profesional. Con esta última se ha dado respuesta al 44% de las peticiones. Desde que se puso en marcha la ley en el año 2007, en la región se han dado de alta más de 8.000 cuidadores/as no profesionales. A 31 de junio, eran 4.733.
La figura del cuidador no profesional es una de las prestaciones que la ley de dependencia reconoce a los beneficiarios/as, al igual que una plaza en un centro de día o una residencia, una asignación económica mensual o los servicios de ayuda a domicilio o teleasistencia. Su valor reside en que se trata de una persona cercana a la persona dependiente que aunque carezca de formación geriátrica o sanitaria, sabe cómo tratarle y permite que su vida diaria se desarrolle en casa. Generalmente, el cuidador/a no profesional suele ser una mujer de la misma familia que ocupa gran parte de su tiempo en atender las necesidades básicas de la persona dependiente. Convivir en el mismo domicilio que el beneficiario/a es requisito indispensable para poder beneficiarse.